Entre individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la Paz" - Lcdo. Benito Pablo Juárez García

Consideraciones sobre Seguridad Humana en el Contexto Latinoamericano segun el IIDH-PNUD

Introducción
Los desafíos a la seguridad humana varían de región a región, de individuo a individuo y se manifiestan de diferentes maneras según las especificidades culturales, de género, generacionales, étnicas, etc. Por ello, no es posible hablar de la seguridad humana en América Latina en sentido general, pues ésta depende del país, de la región, del grupo poblacional específico. No obstante, sí se puede hacer referencia al contexto latinoamericano y los grandes desafíos que se presentan, de los cuales se podrían deducir algunas amenazas críticas y generalizadas, que afectan los derechos de las personas y ponen en riesgo su posibilidad de una vida digna, libre del miedo y de la miseria.
Algunos informes recientes, relacionados con el progreso de la región hacia los objetivos de desarrollo del milenio –de CEPAL (2010)-, el desarrollo humano –de PNUD (2010)-, la agenda hemisférica para lograr el trabajo decente –de OIT (2010)- y el avance de las democracias –PNUD/OEA (2010)-, entre otros, ofrecen un panorama completo sobre los desafíos que enfrenta la región, dentro los cuales se ubican las amenazas a la seguridad humana. 

Estos informes coinciden en señalar que los dos grandes retos de la región tienen que ver con la desigualdad y la violencia. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y es donde se presentan los más altos niveles de violencia delictiva del mundo. Son dos tristes récords que tiene la región y que, definitivamente, inciden en las amenazas a la seguridad humana.
A continuación, se presentan algunos aspectos del contexto latinoamericano relacionado con la seguridad en diferentes dimensiones: económica, alimentaria, de salud, ambiental, personal, comunitaria y política, con la información que brindan los informes antes señalados. Aunque se analiza cada una por aparte, es importante recalcar la interrelación de cada seguridad (o inseguridad), por lo general ninguna de ellas se presenta en forma aislada, pues responden a fenómenos comunes y desatender una inseguridad puede generar otras vulnerabilidades.

Transcripciones del IIDH - 1. Seguridad económica

a. Pobreza
De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, correspondientes a 2008, la pobreza extrema en América Latina abarcaba a un 12,9% de la población, cifra que equivale a alrededor de 71 millones de personas. Este grupo forma parte de un conjunto más amplio de población pobre, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica que incluye tanto productos alimenticios como no alimenticios, y que representa al 33% de la población de la región, es decir, 180 millones de personas (CEPAL, 2010).
La magnitud de la pobreza extrema, al igual que la pobreza total, presenta diferencias muy pronunciadas entre los países latinoamericanos. Las menores tasas se registran en Chile, Costa Rica y Uruguay, donde son inferiores al 6%. Niveles medio-bajos de pobreza extrema, de hasta un 15%, se presentan en Argentina, Brasil, Ecuador, México, Panamá, Perú y la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, el grupo de países con niveles de pobreza extrema media-alta incluye a Colombia, El Salvador, Guatemala y la República Dominicana, con tasas de pobreza extrema de entre un 19% y un 29%. Los países con las tasas más altas, que superan el 30%, son el Estado Plurinacional de Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay (CEPAL, 2010).
Es escasa la información sobre la magnitud y la evolución de la pobreza en el Caribe. El tipo de economías dominantes en el Caribe (pequeñas, abiertas y, por ende, muy sujetas a las crisis y los choques externos), con alta dependencia respecto de los países desarrollados en lo que a comercio, turismo y remesas se refiere, contribuye a la gran vulnerabilidad de los países de esa subregión. A su vez, la constante exposición a desastres naturales que sufre el Caribe constituye un importante factor que constantemente pone en riesgo los logros en materia de reducción de la pobreza, ya que la población con menos recursos es la más afectada por esos desastres (CEPAL, 2010).
Los grupos más afectados por la pobreza son: niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas que viven en el área rural, personas indígenas y afrodescendientes, entre otros.
Niños, niñas y adolescentes. CEPAL, con base en la información recopilada, afirma que uno de los rasgos más determinantes de la pobreza es la condición de ser niño, niña y adolescente. En promedio, la incidencia de la pobreza extrema entre las personas menores de 15 años en la región es alrededor del doble de la que se registra entre los mayores de edad. Aun cuando todos los países comparten esta característica, existen importantes diferencias en cuanto a su extensión, ya que mientras en Uruguay el cociente de tasas de pobreza supera el valor de 4, en Honduras y Nicaragua no excede de 1,4, la diferencia en la incidencia de la pobreza entre dos subgrupos tiende a disminuir a medida que aumenta la extensión de la pobreza en un país. Esto se debe a que cuanto mayor es la tasa de pobreza, menos margen existe para que el perfil de los hogares pobres difiera notablemente del perfil de los hogares que no son pobres. Por tanto, no es de extrañar que los países con menor grado de infantilización de la pobreza sean justamente los que presentan mayores tasas de pobreza.
No obstante, este no es el único factor, ya que países con tasas de pobreza similares pueden presentar distintos grados de infantilización de la pobreza. De hecho, aun cuando Chile y Uruguay tienen tasas de pobreza extrema similares, en el primer país la extensión de la pobreza infantil supera en 2,1 veces a la de adultos y en el segundo la supera en 4,2 veces (CEPAL, 2010). Entre 1990 y 2008 la pobreza infantil se redujo en grado menor que la del resto de la población. Uno de cada cinco niños de América Latina es extremadamente pobre (más de 32 millones de niños) y casi la mitad son pobres, ya sea por vivir privaciones moderadas o severas. La pobreza afecta a 80,9 millones de niños en la región (CEPAL, 2010).
Mujeres. La pobreza afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. La mayoría de los países de la región presenta un índice de feminidad de la pobreza superior a 1,0. Los valores más altos de este índice se presentan en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, la República Dominicana y Uruguay, donde la tasa de pobreza entre las mujeres equivale a 1,3 veces o más la de los hombres. Asimismo, varios países han sufrido un agravamiento de las brechas entre hombres y mujeres, destacándose Panamá, que actualmente presenta el mayor índice de feminidad de la pobreza extrema de la región (CEPAL, 2010).

Personas que residen en el área rural. La pobreza afecta en mayor medida e intensidad a la población que reside en las áreas rurales. La tasa de indigencia rural excede en promedio en 2,8 veces a la urbana y la brecha entre ambas áreas varía notablemente de un país a otro. En un extremo se sitúan Uruguay, único país en que la pobreza extrema es menor en las áreas rurales que en la urbanas, y Chile que se caracteriza por incidencias similares en ambas áreas. En el otro extremo, las áreas rurales de Panamá y Perú tienen tasas de indigencia que superan en más de 6 veces a las de las áreas urbanas.
Origen étnico. La pertenencia de la población a pueblos indígenas es una condición altamente correlacionada con la posibilidad de ser pobre. En los siete países con información disponible, la tasa de pobreza de los grupos indígenas o afrodescendientes puede exceder entre 1,2 y 6,8 veces a la del resto de la población (CEPAL, 2010).
Sin embargo, más allá de los indicadores estadísticos, que ya por sí mismos presentan un panorama preocupante, es importante recalcar -como lo hace el informe "Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza" del IIDH (2007)- que la condición de pobreza en que viven millones de personas es causa y efecto de las violaciones de los derechos humanos. "La pobreza es origen de violación, en cuanto es una condición, derivada de un proceso social, político y económico acumulativo, de carencias y desigualdades, que excluye a las personas extremadamente pobres del ejercicio real y efectivo del conjunto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. (...) Pero simultáneamente, la pobreza es expresión, efecto y resultado de estructuras que han vulnerado de manera crónica esos derechos, en la medida que los sistemas políticos y socieconómicos han concentrado los beneficios del crecimiento y las políticas públicas y los recursos públicos han tendido a asignarse en mayor proporción a los más favorecidos..." (IIDH, 2007).
b. Desempleo                                      
Según datos de OIT, en la región, la tasa de desocupación abierta urbana pasó del 7,3 por ciento en 2008 al 8,1 por ciento en 2009, lo que equivale a cerca de 18,1 millones de personas trabajadoras en el área urbana sin empleo, 2,2 millones más en 2009 respecto de 2008. Esta tendencia se reprodujo con diferencias entre los países. En el Cono Sur, el mayor aumento del desempleo se registró en Chile (1,9 puntos porcentuales) y la única disminución se produjo en Uruguay (0,2 puntos porcentuales). En la subregión andina, los mayores aumentos se registraron en el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia y Ecuador, mientras que en Perú se mantuvo el desempleo. En lo que respecta a Centroamérica, resalta el incremento de este indicador en Costa Rica y Panamá (2,8 y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente), mientras que en el Caribe creció en Bahamas, al pasar del 8,7 por ciento al 14,2 por ciento (el mayor desempleo en la región), superando el aumento de la tasa de desempleo de México, que pasó de 4,9 por ciento en 2008 a 6,6 por ciento en 2009. (OIT, 2010).
Personas jóvenes que no estudian ni trabajan
Según un estudio de la OIT (2008), el porcentaje de jóvenes que no estudiaba ni se encontraba en el mercado de trabajo alcanzaba el 20%  para la región. Por lo general, los jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones y ocupacionales precarias, "solamente el 35,1 por ciento de los ocupados (15 de 43,2 millones) tienen seguro de salud y el 32,0 por ciento estaría afiliado a algún sistema de pensiones. De los asalariados (24,2 millones), solamente el 14 por ciento (3,4 millones) tiene un contrato de trabajo estable. Es decir, que un empleo estable es un privilegio para menos del 10 por ciento de los jóvenes que trabajan" (OIT, 2008). Por otra parte, el ingreso medio de un joven se sitúa en la región, en promedio, alrededor del 49,9% del ingreso medio de un adulto, según información de ese mismo organismo sobre 18 países
Al analizar por quintiles de ingreso (familiar per cápita) a los jóvenes que no estudian ni trabajan se observa una estrecha asociación de este fenómeno con la pobreza. El quintil de menores ingresos tiene una proporción del 30,1 por ciento de jóvenes que no estudia ni trabaja, mientras que en el quintil de ingresos más altos la proporción es de sólo 11,2 por ciento.
Mujeres: Precariedad laboral y pobreza
La situación de precariedad y pobreza juvenil tiene una fuerte característica en términos de género. El fenómeno está asociado a una maternidad temprana que se concentra en los hogares de menores ingresos, en los cuales las mujeres suelen dedicar más tiempo a las responsabilidades familiares y tareas domésticas.
Según otro estudio de la OIT y el PNUD (2009), "actualmente en América latina y el Caribe, más de 100 millones de mujeres participan en el mercado laboral (…). Si consideramos sólo a las que tienen entre 20 y 40 años, quienes están en etapa de crianza, la cifra aumenta a siete de cada diez (70 por ciento)" (OIT/PNUD, 2009).  Respecto a la brecha en materia de ocupación y desempleo, los datos disponibles muestran que la tasa de ocupación urbana para las mujeres mejoró entre 2006 y 2009, al aumentar del 42,5 por ciento al 44,1 por ciento. Sin embargo, el desempleo femenino continúa siendo muy alto, situándose el promedio regional en dos dígitos para todo el período.
El número de trabajadoras domésticas en el mundo se eleva a más de 100 millones, de las cuales cerca de 16 millones son mujeres latinoamericanas. Sus condiciones de trabajo están entre las más precarias y sufren serios déficit de trabajo decente. El trabajo doméstico remunerado expresa además las jerarquías basadas en la condición socioeconómica, la raza y la etnia que caracterizan a esta región. La OIT estima que en América latina el trabajo doméstico representa el 15,8 por ciento del empleo femenino (OIT, 2010).
Una de las principales causas de las inequidades de género en el mercado laboral está en la persistencia de una división sexual del trabajo que otorga a las mujeres una mayor responsabilidad del trabajo reproductivo no remunerado e incide en la distribución de los tiempos de trabajo de hombres y mujeres en las esferas productiva y reproductiva. Como resultado de esto, las mujeres enfrentan desventajas en comparación con los hombres respecto al acceso al empleo y al interior del propio mercado laboral.
Población indígena y afrodescendiente
Un estudio realizado por la OIT en 2007 muestra, respecto de ocho países, que la tasa de participación (actividad) de la población indígena y afrodescendiente, aunque aparece elevada en los países en que estos sectores tienen alta presencia, se concentra en ocupaciones más vulnerables y precarias, en especial en zonas rurales. Esta tasa de participación no supone un acceso de calidad al mercado de trabajo, sino que, dada su imperiosa necesidad de trabajar y buscar empleo, estos grupos étnicos aceptan las oportunidades que encuentran en los sectores laborales de menores ingresos. Por esta razón, en la mayoría de los países estudiados la tasa de desempleo es menor en los grupos indígenas o afrodescendientes que en la población blanca.

Transcripciones del IIDH - 2. Seguridad alimentaria

El hambre es el resultado de la inseguridad alimentaria y nutricional, y se expresa, por una parte, en el consumo insuficiente de alimentos para satisfacer los requerimientos energéticos y, por otra, en la desnutrición (CEPAL, 2010). En el caso de América Latina y el Caribe la existencia de población que no tiene acceso suficiente y oportuno a una alimentación adecuada y padece, por lo tanto, inseguridad alimentaria, no encuentra su causa fundamental en la disponibilidad global de alimentos en relación con los requerimientos nutricionales de la población, sino en la incapacidad de satisfacer las necesidades alimentarias a través del mercado, lo que deriva en gran parte de la desigualdad en la distribución del ingreso. Ello se traduce en desnutrición crónica, particularmente en niños y niñas prácticamente desde su nacimiento, con las consiguientes inequidades en la educación, lo a que su vez tiende a reproducir la desigualdad distributiva (CEPAL, 2010).
Además, en la región se presenta una alta heterogeneidad entre países y marcadas desigualdades entre grupos poblacionales en su interior. Así, aun cuando en los últimos años la producción alimentaria ha sido excedentaria en todos los países, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hacia el trienio 2004-2006, el 8,6% de la población regional (45 millones de personas) sufría subnutrición, proporción que se habría visto incrementada de manera importante a raíz del alza de precios de los alimentos (CEPAL, 2010). 

Se estima que 7,5 millones de niños y niñas menores de 5 años de edad tienen baja talla para la edad y 4 millones tienen bajo peso para la edad. Los hijos e hijas de madres con baja escolaridad, de origen indígena o afrodescendiente y que viven en zonas rurales y urbanas marginales de los países andinos y centroamericanos son los más vulnerables (CEPAL, 2010).
Efectivamente, no todos los países tienen la misma situación: mientras casi la mitad de las personas menores de edad de Guatemala tienen cortedad de talla (desnutrición crónica) y casi un cuarto de los guatemaltecos y haitianos presentan bajo peso (desnutrición global), la primera se considera prácticamente erradicada en Chile y la segunda está erradicada en Antigua y Barbuda, Chile y Granada. En los países, la heterogeneidad es aún mayor y son más vulnerables los niños y niñas que viven en pobreza extrema, con madre analfabeta, de origen indígena y que habitan en zonas rurales de Centroamérica y los países andinos, aun cuando en términos de tamaño la población desnutrida registra un marcado crecimiento entre los sectores marginales de las grandes ciudades.
Una mirada complementaria sobre la seguridad alimentaria y nutricional es la alta prevalencia de enfermedades asociadas al “hambre oculta”, derivada del déficit de micronutrientes. El problema más frecuente es la anemia por carencia de hierro, que afecta a uno de cada tres niños menores de 5 años y supera el 50% en varios países de la región. Los déficits de vitamina A y de yodo también constituyen factores de riesgo para diversos tipos de enfermedades, algunas de ellas limitantes tanto física como mentalmente, convirtiéndose en un problema de salud pública, en tanto un 85% de los hogares de la región todavía no tiene acceso al consumo de sal yodada. (UNICEF, 2008, citado por CEPAL, 2010).
Otra característica del estado nutricional de la población regional es el progresivo aumento del sobrepeso y la obesidad, lo que hasta hace algunos años era considerado un problema exclusivo de países con altos ingresos. Acorde con el patrón de referencia del National Center for Health Statistics (NCHS), la prevalencia del sobrepeso en la región llega al 5% de las personas menores de 5 años, mientras que según el nuevo patrón OMS este afecta al 7,3% de la población menor de 5 años en la región (CEPAL, 2010).

Transcripciones del IIDH - 3. Seguridad de la salud

La información recopilada por CEPAL, en el marco de los Objetivos del Milenio, se centra en los siguientes aspectos relacionados con la salud: la mortalidad de personas menores de 5 años, la salud materna, el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Mortalidad de niños y niñas menores de 5 años. En lo que respecta a la mortalidad de niños y niñas menores de 5 años, en la primera década del siglo actual se redujo la tasa de mortalidad de este segmento de la población y mejoró el acceso al agua potable en virtualmente todos los países de la región. Sin embargo, la tasa de mortalidad en personas menores de cinco años sigue siendo muy alta en varios casos (especialmente Bolivia, Guatemala, Honduras y la República Dominicana), y en otros (Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y la República Dominicana) más de 10% de la población carece de acceso a agua potable. Además, la malnutrición infantil afecta a más de un quinto de las personas menores de cinco años en siete países (Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú). En suma, en 10 de los 18 países de la región, la población sufre de una o más carencias que van desde las más básicas al desarrollo físico pleno (PNUD-OEA, 2010).
Los países con mayores riesgos de mortalidad infantil también son aquellos con menores ingresos, con menor proporción de mujeres alfabetizadas, con menor acceso de la población a agua potable y saneamiento básico y con menor gasto público en salud. Estos factores son determinantes de la alta mortalidad infantil en la región, explican la variabilidad regional y ponen de manifiesto que la alta mortalidad infantil en la región es el resultado de fallas o baja inversión en programas y políticas sociales y ambientales que, aunado al bajo gasto público en salud, tornan la situación social más desigual. Hay pues una condición perversa en muchos de los países con alta mortalidad infantil: a los problemas sociales no resueltos se suma una baja inversión en salud que resulta en una política de salud que no invierte en la prevención de enfermedades, ni en la promoción de la salud y mucho menos en la expansión de la cobertura de los servicios de salud basados en atención primaria (CEPAL, 2010).

Salud materna. La mortalidad materna, así como la morbilidad asociada a sus factores determinantes, son graves problemas de salud pública que manifiestan algunas de las más profundas desigualdades en las condiciones de vida. Reflejan el estado de salud de las mujeres en edad reproductiva y los servicios de salud y la calidad de la atención a que tienen acceso, tales como anticonceptivos, control prenatal, atención calificada del parto y atención de emergencias obstétricas, cuya ausencia acarrea defunciones y daños a la salud que podrían evitarse mediante un adecuado control prenatal y una atención de calidad del parto, del puerperio o de las complicaciones que aparezcan posteriormente (CEPAL, 2010).
Las razones de mortalidad de los países de la región son muy diversas, y las tendencias divergentes: mejoran en algunos países y empeoran marcadamente en otros. Los niveles del grupo formado por la Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico y el Uruguay son inferiores a 50 muertes por cada 100.000 nacimientos. El resto presenta razones que oscilan desde 56 en México hasta el valor extremo de 630 de Haití. Se trata de un cuadro muy desfavorable con respecto a las regiones desarrolladas, cuyas tasas de mortalidad materna no superan las 10 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. En cuanto a las causas de la mortalidad materna, la información entregada por los países evidencia que las causas obstétricas directas fueron responsables de casi el 80% de las defunciones maternas (78%), destacándose en este grupo: la enfermedad hipertensiva (23%), la hemorragia del embarazo, parto y puerperio (18%), el aborto (11%), la sepsis y otras infecciones puerperales (5%) . El grupo restante obedeció a complicaciones del embarazo, parto y puerperio (21%) y a causas no especificadas (2%) (CEPAL, 2010).
Un problema particular muy importante es el que se relaciona con los altos índices de embarazos adolescentes. Las adolescentes tienen más dificultades que las mujeres adultas para articular sus roles productivos y reproductivos y carecen de oportunidades adecuadas para ejercer sus derechos reproductivos. Además, el embarazo adolescente es a la vez causa y producto importante de las desigualdades socioeconómicas, étnicas, generacionales y de género. La mayoría de estas madres se encuentra en una situación de exclusión y marginación, y sus hijos e hijas tienen altas probabilidades de continuar inmersos en esta dinámica, perpetuando así la transmisión intergeneracional de la pobreza. Es importante destacar que la prevención de los embarazos no deseados por sí sola podría evitar aproximadamente una cuarta parte de las muertes maternas, incluidas las ocasionadas por abortos clandestinos (Naciones Unidas, 2007, citado por CEPAL, 2010). 
VIH/SIDA. La prevalencia regional del VIH en la población adulta (de 15 a 49 años) se estimó en un 0,6% (ONUSIDA/OMS, 2009) en 2008. En 2001, el total estimado de nuevas infecciones por el VIH fue de 150.000. En 2008 se registró un total de 170.000 nuevas infecciones, lo que llevó el número de personas que viven con VIH a un estimado de dos millones. En 2001, el estimado de nuevas infecciones por el VIH en niños fue de 6.200 y en 2008 se registraron 6.900 nuevas infecciones en niños. La epidemia aún no se ha detenido ni tampoco revertido. Al contrario, el riesgo de una mayor expansión de la infección, incluso entre mujeres, jóvenes e indígenas, está presente (CEPAL, 2010).
Paludismo. La incidencia del paludismo en América Latina y el Caribe es muy inferior a la de las regiones más afectadas del mundo. Sin embargo, en 21 de los 35 países y territorios miembros de la OPS/OMS hay zonas en que el paludismo se transmite activamente, estimándose que 284 millones de personas están —en diverso grado— expuestas a contraerlo. En 2008 hubo 560.888 casos en la región, es decir, un 53% menos que en 2000 (CEPAL, 2010).
Tuberculosis. La incidencia de la tuberculosis ha venido reduciéndose desde los años ochenta y se espera que la tendencia se mantenga hasta 2015. En 2008, los países de América Latina y el Caribe notificaron 218.249 casos nuevos, 119.862 de ellos de tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva, una forma de grave pronóstico para la persona enferma y para la población por el alto riesgo de muerte y de contagio a la comunidad si no es tratada (OMS, 2009). El 77,3% de los casos declarados de tuberculosis pulmonar de baciloscopía positiva afectó a personas de entre 15 y 54 años, con predominio de hombres respecto de mujeres (1,7 hombres por cada mujer). Se advierte que afecta a personas en etapas productivas de la vida, con graves repercusiones económicas para las familias y la sociedad. (CEPAL, 2010).
Otras amenazas a la salud. En la región se han dado graves acontecimientos de salud pública en el 2009 y 2010 como la pandemia de gripe AH1N1, el devastador terremoto de enero de 2010 en Haití, la epidemia del cólera que ha afectado a este país. Según datos de OPS (2010), el Ministerio de Salud de Haití ha notificado 18.382 casos de cólera hospitalizados y 1.110 muertes debidas a esta epidemia en todo el país. Esto incluye 1.515 casos hospitalizados en el departamento Norte. La tasa de mortalidad oficial para los casos hospitalizados en esta zona está cerca del 7,5%

Transcripciones del IIDH - 4. Seguridad ambiental

Deforestación. Según el Informe de CEPAL sobre el progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre 1990 y 2005 América Latina y el Caribe perdió cerca de 69 millones de hectáreas de bosques, equivalentes al 7% de la cobertura boscosa regional. Esta disminuyó de un 49,1% del territorio en 1990 a un 45,6% en 2005 (CEPAL, 2010). “Las repercusiones adversas de la deforestación incluyen, entre otras, la pérdida de la biodiversidad, la desestabilización de los suelos, la perturbación del ciclo hidrológico y la merma del efecto de sumidero de CO2. Se trata de situaciones casi irreversibles que afectan la productividad en sectores importantes de la región y cuyas consecuencias sociales y económicas son significativas. La agricultura es un ámbito particularmente sensible, ya que incide de manera directa en la seguridad alimentaria” (CEPAL, 2010).
Recursos hidrobiológicos. Por otro lado, el crecimiento de la pesca y la acuicultura industrial, el cambio de hábitat y la creciente contaminación imponen una marcada presión sobre los recursos hidrobiológicos, lo que se manifiesta en la reducción de algunas de las poblaciones de peces de importancia comercial. La combinación de la pesca intensiva con otros elementos de orden ambiental podría acelerar el agotamiento de algunas pesquerías. En este contexto, el incremento y la inestabilidad de los fenómenos climáticos sin duda tendrán efectos importantes en las pesquerías regionales. Entre ellos se encuentra el posible desplazamiento de las poblaciones de peces hacia zonas de menor temperatura, con el consiguiente aumento de la disponibilidad en comparación con la baja que se produciría en los caladeros tradicionales (CEPAL, 2010).

Recursos hídricos. Otro factor importante en el ámbito ambiental se refiere a los recursos hídricos. Pese a una abundancia relativa, la región presenta importantes problemas relacionados con la disponibilidad de agua en el tiempo y el espacio y su calidad. Estos inconvenientes se verán intensificados en el actual escenario de cambio climático (CEPAL, 2010). La distribución de estos recursos es muy desigual y están sujetos a múltiples presiones, entre las que se cuentan la creciente contaminación hídrica, la degradación de las cuencas de captación y el agotamiento y uso insostenible de los acuíferos como resultado del crecimiento demográfico, el desarrollo socioeconómico y la interferencia creciente de la sociedad en el ciclo hidrológico. La gestión efectiva de los recursos hídricos ha adquirido mayor importancia a la luz de los crecientes impactos antrópicos y los efectos probables del cambio climático en la distribución e intensidad de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar, la variación de los patrones de temperatura y sus consecuencias en los glaciares (CEPAL, 2010).
Degradación de las tierras y los suelos. Otro problema es la degradación de las tierras y los suelos de América Latina y el Caribe, es decir, la pérdida de capacidad productiva de los suelos, lo que afecta las actividades humanas y las funciones ecológicas pertinentes, comprometiendo además el potencial futuro de proveer bienes y servicios de los ecosistemas. Según el informe Perspectivas del medio ambiente (PNUMA, 2007, citado por CEPAL, 2010), un 15,7% del territorio de América Latina y el Caribe presenta algún nivel de degradación. El problema es más grave en Mesoamérica, donde afecta al 26% del territorio, mientras que en América del Sur la proporción disminuye al 14%. De acuerdo con los datos del proyecto de Evaluación mundial de la degradación de las tierras (GLADA) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Guatemala es el país de América Latina y el Caribe que presenta la proporción más elevada de tierras degradadas respecto del total de territorio nacional (51,3%), seguido del Uruguay (49,6%), Guyana (43,4%) y Haití (42,6%) (Bai y otros, 2008) (CEPAL, 2010). 
El proceso de degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas obedece a la erosión provocada por la deforestación y el pastoreo excesivo, la sobreexplotación del suelo, la falta de rotación de los cultivos o el monocultivo y las prácticas inadecuadas de riego intensivo. Hay tierras desérticas o áridas en la cuarta parte de la región (PNUMA, 2009b citado por CEPAL, 2010). Es posible observar que últimamente estas presiones se han agudizado debido a los efectos del cambio climático. 
Contaminación atmosférica. Otro problema es la contaminación atmosférica, la cual provoca anualmente en la región un estimado de 2,3 millones de casos de enfermedades crónicas respiratorias en niños y niñas, unos 105.000 casos de bronquitis crónica en ancianos y ancianas y unos 65 millones de días laborales perdidos. La exposición a los tipos y concentraciones de contaminantes que se encuentran usualmente en las zonas urbanas se ha relacionado con un aumento del riesgo de mortalidad y morbilidad vinculado a ciertas condiciones de salud, como las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por otra parte, la exposición de las madres a los contaminantes del aire durante el embarazo también tendría efectos adversos en el crecimiento del feto (PNUMA, 2003, citado por CEPAL, 2010).
Sostenibilidad urbana. En América Latina y el Caribe aún viven más de 100 millones de personas en condiciones inaceptables (CEPAL, 2010). Esto genera situaciones de hacinamiento, migración de población rural hacia las ciudades, saturación de los servicios básicos. La migración entre las ciudades y el crecimiento natural de estas son los factores de mayor incidencia, aunque el cambio climático podría generar un aumento superior al previsto. En este escenario, según la CEPAL, la sostenibilidad urbana de la región afronta desafíos que van más allá de los tugurios y de las deficiencias en materia de prestación de servicios básicos directamente relacionados con la pobreza, como el acceso a la salud y la educación:
     Transporte urbano. El transporte masivo continúa siendo ineficiente e insuficiente. Esto implica altos costos de movilidad para las personas más pobres y se ha traducido en un numeroso y creciente parque vehicular privado que dificulta la circulación en las ciudades.
•      Desechos sólidos. No hay un manejo adecuado y aceptable de los desechos sólidos en las grandes ciudades de la región. Los costos sociales y ambientales directos e indirectos que resultan de esta situación son significativos y afectan en mayor medida a las zonas marginales.
•     Áreas verdes. La gran mayoría de las ciudades latinoamericanas y caribeñas no cumplen con la superficie mínima de áreas verdes per cápita recomendada por la OMS, esto es, 9 m2 por habitante y un diseño urbano que comprenda espacios verdes accesibles a 15 minutos a pie desde las viviendas. Además, en las ciudades esta superficie se distribuye de manera claramente inequitativa (CEPAL, 2010).
Eventos extremos y desastres naturales. Producto del cambio climático, en América Latina y el Caribe ha aumentado la ocurrencia e intensidad de sucesos extremos y catástrofes derivados de fenómenos naturales. Los cambios en materia de sucesos climáticos extremos son motivo de especial preocupación en el Caribe, cuyos desastres de origen meteorológico como inundaciones, sequías y ciclones tropicales afectaron al mayor número de personas del mundo entre 1950 y 2007. En las tres últimas décadas, la región del Caribe ha registrado pérdidas directas e indirectas del orden de 700 a 3.300 millones de dólares debido a desastres relacionados con los fenómenos de la naturaleza (CEPAL, 2010). En el 2010 se produjeron dos terremotos devastadores en la región: el primero en Haití en el mes de enero y el otro en Chile en el mes de febrero, las pérdidas humanas y materiales han sido muy importantes y el proceso de recuperación costoso y lento, particularmente en Haití por sus altos índices de pobreza.
Los países de América Latina y el Caribe corren un alto riesgo de sufrir desastres naturales. La región es vulnerable a erupciones volcánicas, sismos, fuertes lluvias que derivan en inundaciones y deslizamientos de tierra, tormentas tropicales, huracanes, incendios forestales y sequías. El riesgo del impacto de los desastres naturales aumenta ante la presencia de asentamientos urbanos construidos en zonas sísmicas, en laderas de montañas con alto riesgo de deslizamientos de tierra o en las márgenes inundables de los ríos.
El cambio climático incidirá en todos los países, trayendo consigo una radicalización de los fenómenos climatológicos, particularmente las inundaciones, los huracanes y las sequías.

Transcripciones del IIDH - 5. Seguridad personal

Las amenazas a la seguridad personal abarcan, entre otras, violencia física, crímenes, terrorismo, violencia doméstica, trabajo infantil (véase ¿Qué es seguridad humana?). En esta categoría se incluye la actividad delictiva, el crimen organizado, en fin, todas aquellas situaciones que amenazan la seguridad personal.
En la región latinoamericana, se ha dado mucho énfasis al concepto de seguridad ciudadana, que ha sido el eje del Informe sobre Desarrollo Humano para América Central (2009-2010) de PNUD y de una propuesta realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para establecer lineamientos en materia de políticas públicas de seguridad ciudadana y derechos humanos que fue validada en dos conferencias con altas autoridades organizadas por el IIDH en América del Sur (2006) y Centroamérica (2007)

La seguridad ciudadana se configura como una modalidad específica de la seguridad humana (PNUD 2009-2010), concretamente, de la seguridad personal. Es definida por el PNUD como "la protección universal contra el delito violento o predatorio" (PNUD 2009-2010), mientras que el IIDH asume una definición más amplia: "aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizados el pleno goce de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos, instituciones eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones que puedan lesionar tales derechos de forma ilegítima..." (IIDH, 2007). Ambas definiciones son complementarias entre sí y enriquecen la seguridad humana en su dimensión de seguridad personal.

El problema prioritario para la ciudadanía. La inseguridad personal es el número uno en la lista de preocupaciones de la ciudadanía. La magnitud del problema es apreciable en la alta y creciente tasa de homicidios en la región.
Un legado de los conflictos armados –la gran disponibilidad de armas de fuego- es un factor que contribuye a esta epidemia. Las maras o pandillas juveniles, otro legado indirecto de los conflictos armados en América Central, son otro factor que justifica las altísimas tasas de homicidios en El Salvador, Guatemala y Honduras. Asimismo y de forma creciente, la producción y el comercio internacional de la droga han generado un nuevo fenómeno que ha sacudido a Colombia, México y varios países de América Central, entre otros: la narcoviolencia. En suma, el problema de la violencia es prueba de la debilidad de los Estados de América Latina, que se han demostrado, en muchos casos, incapaces de responder al derecho fundamental de los ciudadanos, el derecho a la vida (PNUD/OEA, 2010, IIDH 2006, 2007).
La región con los más altos niveles de violencia delictiva del mundo. Cada año, cerca de 200 millones de personas de América Latina y el Caribe —un tercio de la población total de la región— son víctimas, directamente o en su núcleo familiar, de algún acto delictivo. El 27% de los homicidios dolosos que ocurren en el mundo tiene lugar en América Latina, una región que cuenta apenas con el 8.5% de la población global. En la pasada década más de 1.2 millones de latinoamericanos y latinoamericanas han perdido la vida como resultado de la violencia delictiva, gran parte de ella ligada a actividades criminales transnacionales (PNUD/OEA, 2010).
Los datos regionales sobre los homicidios dolosos en América Latina esconden, sin embargo, una significativa heterogeneidad y cubren desde casos como El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela, con las tasas más altas del mundo, hasta países como Chile, Bolivia, Argentina, Perú y Uruguay, con cifras relativamente bajas (véase Cuadro Nº 1).
Cuadro Nº 1. Homicidios en América Latina (2000-2008)
Número de homicidios por cada 100.000 habitantes
País
2000
2008
% Cambio 2000-2008
Argentina
7.0
5.3
-24.7
Bolivia
3.7
10.6
183.4
Brasil
26.7
25.2
-5.6
Chile
1.9
1.7
-10.5
Colombia
63.3
39.0
-38.4
Costa Rica
6.3
11.0
74.6
Ecuador
15.3
18.0
17.6
El Salvador
37.3
52.0
39.4
Guatemala
25.8
48.0
86.0
Honduras
49.9
57.9
16.0
México
14.0
12.0
-14.3
Nicaragua
9.0
13.0
44.4
Panamá
10.1
19.2
89.6
Paraguay
12.6
12.2
-3.2
Perú
4.9
11.2
128.6
Rep. Dominicana
13.1
21.5
64.2
Uruguay
4.6
5.8
26.1
Venezuela
33.0
47.2
43.0
América Latina
18.8
22.8
21.3
Fuente: PNUD/OEA (2010): Nuestra democracia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Fondo de Cultura Económica, México, p. 85.


Los homicidios dolosos son la consecuencia más aguda y visible del problema. La proporción de hogares en los que alguna persona ha sido víctima de algún hecho delictivo en el último año es superior a 25% en casi todos los países latinoamericanos y se acerca o supera la mitad de los hogares en algunos países. Por todo lo anterior, no es casual que en el año 2008 el 17% de la población latinoamericana señalara a la delincuencia como el principal problema de su país, la cifra más alta entre todos los problemas sobre los cuales indagan las encuestas (PNUD/OEA, 2010).
Igual de preocupante que estos datos, es la pérdida de la capacidad estatal para hacer valer la legalidad, lo cual lleva a una creciente tendencia de los latinoamericanos a desertar de los mecanismos públicos de justicia y seguridad, que van desde la renuncia a denunciar hechos delictivos y la proliferación de las empresas de seguridad privada (con un marco legal y supervisión estatal insuficientes) hasta la entronización del linchamiento como método para combatir la delincuencia (PNUD/OEA, 2010).
Pandillas juveniles o maras. A esta grave situación se suman variadas manifestaciones de violencia cuya magnitud es apenas motivo de conjetura. Diversas estimaciones sitúan entre 50 mil y 350 mil el número de miembros de pandillas juveniles conocidas como maras en México y el norte de América Central.  Estas pandillas tienen una incidencia significativa en los niveles de violencia de la región, así como una creciente participación en tareas de apoyo al crimen organizado.
Las pandillas o maras se ubican por lo general en barriadas pobres donde la exclusión social es sufrida por niños y jóvenes que crecen sin expectativas ni oportunidades y conviven cotidianamente con la violencia, producto de la presencia del crimen organizado y los operativos policiales. Sin el poder ni los recursos de otros grupos sociales para transformar sus realidades, las víctimas de la inseguridad no atraen la atención de los medios de comunicación ni forman parte de las prioridades de las agendas políticas nacionales. Evidentemente, el fenómeno excede por mucho los aspectos represivos y se vincula con los temas de integración social (PNUD/OEA, 2010).
Crimen organizado. Los niveles de inseguridad en la región y sus implicaciones sociales, económicas y políticas no pueden ser entendidos sin hacer referencia a la extendida penetración del crimen organizado, en particular el narcotráfico (PNUD/OEA, 2010).
La región es la principal productora de cocaína del mundo, mientras aumenta su participación en la producción de drogas opiáceas y sintéticas. Como productores, sitios de tránsito, almacenamiento y legitimación de capitales ilícitos, puntos de acceso al mercado estadounidense o mercados de consumo, los países latinoamericanos participan en un comercio ilícito que moviliza decenas de miles de millones de dólares cada año. Este inmenso flujo de recursos ha transformado la realidad de la seguridad de la región, exponiendo a instituciones policiales, militares, judiciales y políticas, a riesgos de corrupción sin precedentes con un aumento dramático de la criminalidad violenta (PNUD/OEA, 2010).
En varias de las sociedades latinoamericanas hay evidencia de que los procesos de debilidad institucional han generado violencia que se manifiesta en la lucha entre bandas rivales para el control de las rutas de paso hacia Estados Unidos y Europa. Asimismo, esta violencia se amplía cada vez más, estimulada por la competencia por el control de los mercados locales de drogas y de una serie de otros delitos como la trata de personas, prostitución, pornografía infantil, piratería, robo de vehículos, adopciones ilegales, venta de autopartes robadas, secuestro, extorsión y los delitos conexos a esta violencia como lesiones, homicidio y desaparición de personas (PNUD/OEA, 2010).
Como afirma el informe de PNUD/OEA (2010), el uso de la coerción en funciones de erradicación de cultivos ilícitos e interdicción del tráfico de drogas por parte de los Estados latinoamericanos es sólo una parte de la respuesta que demanda el fenómeno del narcotráfico. A ello deben sumarse los esfuerzos en el área de salud pública para fortalecer la prevención del consumo y el tratamiento de las personas en situación de adicción. Sobre todo, debe sumarse una vigorosa dimensión política que evidencie que se trata de un problema que excede en mucho las capacidades de las jurisdicciones nacionales y que demanda, por ello, un verdadero diálogo hemisférico y mundial.
Niñez y juventud. El Informe de Desarrollo Humano para Centroamérica, afirma que la inseguridad de los jóvenes centroamericanos es simplemente dramática… la probabilidad de que un joven de América Latina muera siendo víctima de un homicidio es treinta veces mayor que la de un joven de Europa y setenta veces superior a la de los jóvenes de países como Grecia, Hungría, Inglaterra, Austria, Japón o Irlanda (PNUD, 2009).
Por otro lado, pese a la falta de datos sobre la inseguridad (“invisibilizada”) de la niñez el informe sobre Centroamérica alude a seis de sus expresiones más preocupantes: a) los homicidios de personas menores de edad y su participación en actividades delictivas; b) el abuso por parte de las autoridades; c) el maltrato en el hogar; d) los abusos sexuales; e) la explotación laboral, y f) la explotación sexual de carácter comercial (PNUD, 2009).
Violencia contra las mujeres. La inseguridad ciudadana no es igual para ambos sexos, puesto que hombres y mujeres participan en el delito de modos distintos y están expuestos a distintos riesgos (PNUD, 2009):
       Ciertas ofensas son preponderantemente femeninas (como el homicidio del cónyuge maltratante) y sobre todo que los hombres cometen más delitos que las mujeres.
         Las mujeres perciben, valoran y negocian las amenazas o riesgos con parámetros distintos de los de los hombres.
        El homicidio y la violencia callejera afectan más a los hombres, mientras que las violencias doméstica y sexual afectan más a las mujeres. Los delitos contra el patrimonio por regla general afectan más al sexo masculino; pero hay un tipo de despojo que padecen sobre todo las mujeres: la desatención de los deberes alimentarios adquiridos por el varón a favor de los hijos o de la esposa-compañera.
Según datos de CEPAL hasta un 40% de las mujeres de la región es víctima de violencia física y en algunos países cerca del 60% sufre violencia emocional. Los datos más recientes de los países que cuentan con encuestas que incorporan alguna pregunta sobre el tema de violencia, como es el caso de Colombia, el Estado Plurinacional de Bolivia, el Perú y la República Dominicana, muestran que la violencia sexual afecta a entre el 5,5% de las mujeres de la República Dominicana y el 11,5% de las mujeres de Colombia, mientras que la violencia física afecta desde un 16,1% de las mujeres de la República Dominicana hasta el 42,3% en el Perú. En todos los países, el número de mujeres víctimas de violencia emocional es mucho más alto. Por lo menos un cuarto de las mujeres de 15 a 49 años han sido víctimas de algún tipo de control por parte del esposo o compañero, situación que supera el 65% en países como Colombia y el Perú (CEPAL, 2010).
Costos humanos y políticos. Los costos humanos y políticos derivados de la violencia, incluyen, entre otros (PNUD/OEA, 2010):

•    El deterioro de la salud y, en particular, el costo económico ocasionado por la interrupción de vidas productivas.

•    Erogaciones por concepto de compra de servicios de seguridad por las personas y empresas de la región. En el caso centroamericano, tales desembolsos (1.5% del PIB) superan el monto del gasto realizado por las instituciones estatales encargadas de las funciones de seguridad pública y justicia (1.3%).
•    Una investigación realizada en Costa Rica encontró que la inversión pública necesaria para hacer cumplir la condena promedio de un preso por homicidio doloso o violación es superior a la requerida para educar a una persona desde el nivel preescolar hasta su graduación universitaria como médico o abogado. Educar a los jóvenes latinoamericanos es una opción no sólo moralmente superior a la de reprimirlos, sino también más económica.
•     Los aspectos intangibles como el deterioro en la calidad de vida derivada del temor.

Transcripciones del IIDH - 6. Seguridad comunitaria

La diversidad cultural. Los pueblos indígenas y los afrodescendientes, cuyas poblaciones se estiman alrededor de 58 millones y 174 millones, respectivamente, se encuentran entre los grupos étnicos más desfavorecidos de la región. Tienen bajos niveles educativos, limitado acceso a la protección social, empleos precarios y una mayor probabilidad que sus ingresos estén bajo la línea de la pobreza. La situación es más crítica en el caso de las mujeres pertenecientes a estos grupos, pues enfrentan mayores obstáculos para salir de la pobreza y proporcionar bienestar a sus familias (OIT, 2007).
Las poblaciones indígenas y afrodescendientes a veces deben desplazarse entre países o regiones en búsqueda de fuentes de empleo o como parte de su cultura, con frecuencia carecen de documentos migratorios y/o de identidad, con la consecuente negación de sus derechos más elementales de acceso a los diversos servicios de salud, educación, empleo, etc. En otros casos, estos pueblos están ubicados en territorios donde la ausencia de Estado da pie a expresiones singulares de criminalidad, como se observa en las regiones autónomas de Nicaragua, algunas de las cuales son rutas de tránsito, abastecimiento y descanso para el narcotráfico del Sur al Norte y el tráfico de armas del Norte al Sur (PNUD, 2009).

Migración y desplazamiento. Se estima una cifra cercana a los 25 millones de migrantes latinoamericanos y caribeños en el 2005, una proporción superior al 13% del total de los migrantes internacionales. El porcentaje de la población regional que representan los inmigrantes es muy pequeño (1%), si bien hay países en los que supera el 10%, como ocurre en el Caribe. Cerca del 4% de la población regional es emigrante; muchos países latinoamericanos tienen más de medio millón de nacionales en el exterior y varias naciones caribeñas tienen más de un 20% de su población en el exterior (CEPAL, 2006).
También se da la migración interregional, siendo los principales países de destino Argentina, Costa Rica y la República Bolivariana de Venezuela. Algunos países combinan su condición de receptores con la de emisores, de tránsito y de retorno. A comienzos del decenio pasado, los migrantes intrarregionales sumaban cerca de 3 millones de personas, que se desplazaban fundamentalmente entre países fronterizos o cercanos (CEPAL, 2006).
La migración internacional en la región se distingue notoriamente por el creciente número de mujeres que emigran y la mayoría porcentual que representan en muchos casos. Hay varias corrientes constituidas en gran parte por personas dedicadas al servicio doméstico como forma de inserción laboral.
Las personas migrantes se enfrentan a una serie de amenazas. La vulneración de los derechos humanos, ya sea a lo largo de su travesía, en el proceso de inserción en la sociedad de destino o durante la repatriación, suele asumir características alarmantes, especialmente cuando afecta a mujeres y niños y niñas y, en general, personas indocumentadas y víctimas de la trata de personas.
Las localidades de origen se enfrentan a la fuga de cerebros o a la pérdida de su población más joven y en edad productiva. Generalmente las abuelas, abuelos y otros integrantes de la familia extendida se hacen cargo de los niños y niñas que son dejados por sus padres que emigran en busca de fuentes de empleo y mejores condiciones de vida.
Las personas migrantes que se establecen en una localidad determinada, también se enfrentan a una serie de amenazas. Muchas veces no cuentan con documentos migratorios, lo cual les impide el acceso a servicios básicos y son susceptibles de engrosar las filas de mano de obra barata. También deben enfrentarse a situaciones de discriminación, xenofobia y desarraigo.
Otra situación es la del desplazamiento interno forzoso. Muchas personas en América Latina se ven forzadas a cambiar su lugar de residencia ya sea por razones económicas, de seguridad o por desastres naturales. Por ejemplo, en Colombia cerca del 10% de su población ha sido obligada al desarraigo en cerca del 90% de los municipios del país durante los últimos 20 años (OIM, 2010). El desplazamiento forzado está ligado a la confrontación armada por la que atraviesa el Estado colombiano y a la guerra contra las drogas que libra ese país.

Transcripciones del IIDH - 7. Seguridad política

América Latina dejó atrás su pasado autoritario, caracterizado por golpes de estado, persecución política y dictaduras. “La transición convivió con la amenaza de la regresión hacia regímenes militares. Esto parece haber concluido, a pesar de los golpes de Estado en Venezuela (2002), Ecuador (2000 y 2005) y Honduras (2009), y de controversias en algunos países sobre manipulación del voto, respeto a la libre expresión, surgimiento de un presidencialismo acentuado, limitaciones a la independencia y control de los poderes, y desconocimiento de los roles y competencias de los gobiernos locales” (PNUD/OEA, 2010).
Las amenazas que se ciernen en el campo de la seguridad política tienen que ver con “la capacidad de la democracia para sobrevivir y ampliarse. Nos plantea la cuestión de la sostenibilidad democrática. Las preguntas no se refieren a si un golpe instalará un gobierno autoritario por décadas, sino más bien a ¿cuántos grados de cesarismo y autoritarismo pueden resistir los regímenes democráticos sin perder su esencia? ¿Cuánta inseguridad y falta de Estado democrático de derecho y cuánta pobreza y desigualdad resiste la democracia?” (PNUD/OEA, 2010)

Un tema que ha suscitado discusión en algunas elecciones ha sido la inhabilidad de numerosos ciudadanos y ciudadanas para ejercer el derecho al voto debido a que carecen de la documentación necesaria. En otras regiones, la presencia de grupos ilegales armados, como en Colombia, sigue imponiendo restricciones al proceso electoral, afectando la libertad de votantes y de candidatos. Lo mismo sucede en países como Guatemala donde la violencia criminal, la inseguridad y las fallas o debilidades del Estado limitan la participación política abierta y plena. El uso indebido de recursos públicos y de fondos ilegales en campañas electorales así como las proscripciones políticas siguen afectando la calidad de las elecciones y de la democracia (PNUD/OEA, 2010).
Otra amenaza importante es la falta de Estado, o Estados fallidos, que afecta a muchos países de la región. Como lo afirma el estudio de PNUD/OEA, “… la falta de Estado es la que explica por qué poseemos la tasa de homicidios más alta del mundo, por qué el narco-crimen domina territorios e influye sobre las decisiones públicas, por qué hay amplias zonas de nuestros territorios que están fuera del alcance de la ley; explica, en fin, que vivimos en muchos casos dentro de una democracia pobre porque poseemos un Estado pobre, limitado y dependiente, o porque cuando el Estado fue de mayor tamaño, no estuvo al servicio de los ciudadanos sino de los poderes fácticos. En muchos de nuestros países poseemos Estados que simplemente son incapaces de ejercer sus funciones y fallan además en su capacidad para representar a las mayorías y escapan a los controles republicanos” (PNUD/OEA, 2010).
A pesar de que en la región se ha dado la participación de grupos tradicionalmente marginados y excluidos de la política, como mujeres, indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, y han llegado a la presidencia líderes representantes de estos grupos, lo cierto es que su representación o participación política aún es insuficiente.
Otro desafío a la seguridad política es la forma a como un gobierno toma las decisiones y se vincula con la sociedad, “… hoy en América Latina, la legitimidad de ejercicio se usa para hacer referencia a cómo un gobierno toma decisiones y cómo se vincula con la sociedad, si lo hace o no en el marco del Estado democrático de derecho, los ciudadanos no sólo tienen el derecho de exigir un gobierno que surja de elecciones libres y justas, sino también la forma democrática de adopción e instrumentación de las decisiones. En otras palabras, los gobiernos no sólo deben ser constituidos democráticamente (legitimidad de origen); además, deben gobernar democráticamente (legitimidad de ejercicio) (PNUD/OEA, 2010).


BIBLIOGRAFÍA
CEPAL (2010): Objetivos de Desarrollo del Milenio. El progreso de América Latina y el Caribe hacia los objetivos de desarrollo del milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad, Naciones Unidas, Santiago de Chile.
CEPAL (2006): Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas, Naciones Unidas, Santiago de Chile.
IIDH (2007): Encuentro Centroamericano de  Altas Autoridades de Seguridad Ciudadana, San José, 19 y 20 de marzo de 2007
IIDH (2006): Encuentro Regional de Altas Autoridades en materia de Seguridad Ciudadana, Sede de la CEPAL, Oficina Regional de las Naciones Unidas, Santiago, Chile, 6 y 7 de diciembre.
IIDH (2007): Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza. Una ruta por construir en el sistema interamericano, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José.
OIT (2010): Década del Trabajo Decente en las Américas: 2006-2015. Primer balance y perspectivas de la Agenda Hemisférica, Informe del Director General, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra.
OIT (2010): Trabajo decente y juventud en América Latina, Proyecto Promoción del Empleo Juvenil en América Latina (PREJAL), Lima.
OIT-PNUD (2009): Trabajo y familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social, Oficina Internacional del Trabajo y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago.
PNUD (2009): Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010. Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia.
PNUD/OEA (2010): Nuestra democracia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Fondo de Cultura Económica, México.

Polícia y Comunidad se convierte en una importante fuente de consulta y reflexión para latinoamérica

Policia y Comunidad Ecuador agradece vuestra preferencia, lo que nos ubica como un medio de difusión y de reflexión en materia de seguridad ciudadana. Recibimos en promedio el siguiente número de visitas por día del los siguiente paises:
México                         28
 
Colombia
                      16
Perú
                             14
Chile
                             13
Venezuela
                      8
España                        
  6
Argentina                     
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Ecuador
                         4
El Salvador
                    4