Las amenazas a la seguridad personal abarcan, entre otras, violencia física, crímenes, terrorismo, violencia doméstica, trabajo infantil (véase ¿Qué es seguridad humana?). En esta categoría se incluye la actividad delictiva, el crimen organizado, en fin, todas aquellas situaciones que amenazan la seguridad personal.
En la región latinoamericana, se ha dado mucho énfasis al concepto de seguridad ciudadana, que ha sido el eje del Informe sobre Desarrollo Humano para América Central (2009-2010) de PNUD y de una propuesta realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para establecer lineamientos en materia de políticas públicas de seguridad ciudadana y derechos humanos que fue validada en dos conferencias con altas autoridades organizadas por el IIDH en América del Sur (2006) y Centroamérica (2007).
La seguridad ciudadana se configura como una modalidad específica de la seguridad humana (PNUD 2009-2010), concretamente, de la seguridad personal. Es definida por el PNUD como "la protección universal contra el delito violento o predatorio" (PNUD 2009-2010), mientras que el IIDH asume una definición más amplia: "aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizados el pleno goce de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos, instituciones eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones que puedan lesionar tales derechos de forma ilegítima..." (IIDH, 2007). Ambas definiciones son complementarias entre sí y enriquecen la seguridad humana en su dimensión de seguridad personal.
El problema prioritario para la ciudadanía. La inseguridad personal es el número uno en la lista de preocupaciones de la ciudadanía. La magnitud del problema es apreciable en la alta y creciente tasa de homicidios en la región.
Un legado de los conflictos armados –la gran disponibilidad de armas de fuego- es un factor que contribuye a esta epidemia. Las maras o pandillas juveniles, otro legado indirecto de los conflictos armados en América Central, son otro factor que justifica las altísimas tasas de homicidios en El Salvador, Guatemala y Honduras. Asimismo y de forma creciente, la producción y el comercio internacional de la droga han generado un nuevo fenómeno que ha sacudido a Colombia, México y varios países de América Central, entre otros: la narcoviolencia. En suma, el problema de la violencia es prueba de la debilidad de los Estados de América Latina, que se han demostrado, en muchos casos, incapaces de responder al derecho fundamental de los ciudadanos, el derecho a la vida (PNUD/OEA, 2010, IIDH 2006, 2007).
La región con los más altos niveles de violencia delictiva del mundo. Cada año, cerca de 200 millones de personas de América Latina y el Caribe —un tercio de la población total de la región— son víctimas, directamente o en su núcleo familiar, de algún acto delictivo. El 27% de los homicidios dolosos que ocurren en el mundo tiene lugar en América Latina, una región que cuenta apenas con el 8.5% de la población global. En la pasada década más de 1.2 millones de latinoamericanos y latinoamericanas han perdido la vida como resultado de la violencia delictiva, gran parte de ella ligada a actividades criminales transnacionales (PNUD/OEA, 2010).
Los datos regionales sobre los homicidios dolosos en América Latina esconden, sin embargo, una significativa heterogeneidad y cubren desde casos como El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela, con las tasas más altas del mundo, hasta países como Chile, Bolivia, Argentina, Perú y Uruguay, con cifras relativamente bajas (véase Cuadro Nº 1).
Cuadro Nº 1. Homicidios en América Latina (2000-2008) | |||
Número de homicidios por cada 100.000 habitantes | |||
País | 2000 | 2008 | % Cambio 2000-2008 |
Argentina | 7.0 | 5.3 | -24.7 |
Bolivia | 3.7 | 10.6 | 183.4 |
Brasil | 26.7 | 25.2 | -5.6 |
Chile | 1.9 | 1.7 | -10.5 |
Colombia | 63.3 | 39.0 | -38.4 |
Costa Rica | 6.3 | 11.0 | 74.6 |
Ecuador | 15.3 | 18.0 | 17.6 |
El Salvador | 37.3 | 52.0 | 39.4 |
Guatemala | 25.8 | 48.0 | 86.0 |
Honduras | 49.9 | 57.9 | 16.0 |
México | 14.0 | 12.0 | -14.3 |
Nicaragua | 9.0 | 13.0 | 44.4 |
Panamá | 10.1 | 19.2 | 89.6 |
Paraguay | 12.6 | 12.2 | -3.2 |
Perú | 4.9 | 11.2 | 128.6 |
Rep. Dominicana | 13.1 | 21.5 | 64.2 |
Uruguay | 4.6 | 5.8 | 26.1 |
Venezuela | 33.0 | 47.2 | 43.0 |
América Latina | 18.8 | 22.8 | 21.3 |
| Fuente: PNUD/OEA (2010): Nuestra democracia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Fondo de Cultura Económica, México, p. 85. | |||
Los homicidios dolosos son la consecuencia más aguda y visible del problema. La proporción de hogares en los que alguna persona ha sido víctima de algún hecho delictivo en el último año es superior a 25% en casi todos los países latinoamericanos y se acerca o supera la mitad de los hogares en algunos países. Por todo lo anterior, no es casual que en el año 2008 el 17% de la población latinoamericana señalara a la delincuencia como el principal problema de su país, la cifra más alta entre todos los problemas sobre los cuales indagan las encuestas (PNUD/OEA, 2010).
Igual de preocupante que estos datos, es la pérdida de la capacidad estatal para hacer valer la legalidad, lo cual lleva a una creciente tendencia de los latinoamericanos a desertar de los mecanismos públicos de justicia y seguridad, que van desde la renuncia a denunciar hechos delictivos y la proliferación de las empresas de seguridad privada (con un marco legal y supervisión estatal insuficientes) hasta la entronización del linchamiento como método para combatir la delincuencia (PNUD/OEA, 2010).
Pandillas juveniles o maras. A esta grave situación se suman variadas manifestaciones de violencia cuya magnitud es apenas motivo de conjetura. Diversas estimaciones sitúan entre 50 mil y 350 mil el número de miembros de pandillas juveniles conocidas como maras en México y el norte de América Central. Estas pandillas tienen una incidencia significativa en los niveles de violencia de la región, así como una creciente participación en tareas de apoyo al crimen organizado.
Las pandillas o maras se ubican por lo general en barriadas pobres donde la exclusión social es sufrida por niños y jóvenes que crecen sin expectativas ni oportunidades y conviven cotidianamente con la violencia, producto de la presencia del crimen organizado y los operativos policiales. Sin el poder ni los recursos de otros grupos sociales para transformar sus realidades, las víctimas de la inseguridad no atraen la atención de los medios de comunicación ni forman parte de las prioridades de las agendas políticas nacionales. Evidentemente, el fenómeno excede por mucho los aspectos represivos y se vincula con los temas de integración social (PNUD/OEA, 2010).
Crimen organizado. Los niveles de inseguridad en la región y sus implicaciones sociales, económicas y políticas no pueden ser entendidos sin hacer referencia a la extendida penetración del crimen organizado, en particular el narcotráfico (PNUD/OEA, 2010).
La región es la principal productora de cocaína del mundo, mientras aumenta su participación en la producción de drogas opiáceas y sintéticas. Como productores, sitios de tránsito, almacenamiento y legitimación de capitales ilícitos, puntos de acceso al mercado estadounidense o mercados de consumo, los países latinoamericanos participan en un comercio ilícito que moviliza decenas de miles de millones de dólares cada año. Este inmenso flujo de recursos ha transformado la realidad de la seguridad de la región, exponiendo a instituciones policiales, militares, judiciales y políticas, a riesgos de corrupción sin precedentes con un aumento dramático de la criminalidad violenta (PNUD/OEA, 2010).
En varias de las sociedades latinoamericanas hay evidencia de que los procesos de debilidad institucional han generado violencia que se manifiesta en la lucha entre bandas rivales para el control de las rutas de paso hacia Estados Unidos y Europa. Asimismo, esta violencia se amplía cada vez más, estimulada por la competencia por el control de los mercados locales de drogas y de una serie de otros delitos como la trata de personas, prostitución, pornografía infantil, piratería, robo de vehículos, adopciones ilegales, venta de autopartes robadas, secuestro, extorsión y los delitos conexos a esta violencia como lesiones, homicidio y desaparición de personas (PNUD/OEA, 2010).
Como afirma el informe de PNUD/OEA (2010), el uso de la coerción en funciones de erradicación de cultivos ilícitos e interdicción del tráfico de drogas por parte de los Estados latinoamericanos es sólo una parte de la respuesta que demanda el fenómeno del narcotráfico. A ello deben sumarse los esfuerzos en el área de salud pública para fortalecer la prevención del consumo y el tratamiento de las personas en situación de adicción. Sobre todo, debe sumarse una vigorosa dimensión política que evidencie que se trata de un problema que excede en mucho las capacidades de las jurisdicciones nacionales y que demanda, por ello, un verdadero diálogo hemisférico y mundial.
Niñez y juventud. El Informe de Desarrollo Humano para Centroamérica, afirma que la inseguridad de los jóvenes centroamericanos es simplemente dramática… la probabilidad de que un joven de América Latina muera siendo víctima de un homicidio es treinta veces mayor que la de un joven de Europa y setenta veces superior a la de los jóvenes de países como Grecia, Hungría, Inglaterra, Austria, Japón o Irlanda (PNUD, 2009).
Por otro lado, pese a la falta de datos sobre la inseguridad (“invisibilizada”) de la niñez el informe sobre Centroamérica alude a seis de sus expresiones más preocupantes: a) los homicidios de personas menores de edad y su participación en actividades delictivas; b) el abuso por parte de las autoridades; c) el maltrato en el hogar; d) los abusos sexuales; e) la explotación laboral, y f) la explotación sexual de carácter comercial (PNUD, 2009).
Violencia contra las mujeres. La inseguridad ciudadana no es igual para ambos sexos, puesto que hombres y mujeres participan en el delito de modos distintos y están expuestos a distintos riesgos (PNUD, 2009):
• Ciertas ofensas son preponderantemente femeninas (como el homicidio del cónyuge maltratante) y sobre todo que los hombres cometen más delitos que las mujeres.
• Las mujeres perciben, valoran y negocian las amenazas o riesgos con parámetros distintos de los de los hombres.
• El homicidio y la violencia callejera afectan más a los hombres, mientras que las violencias doméstica y sexual afectan más a las mujeres. Los delitos contra el patrimonio por regla general afectan más al sexo masculino; pero hay un tipo de despojo que padecen sobre todo las mujeres: la desatención de los deberes alimentarios adquiridos por el varón a favor de los hijos o de la esposa-compañera.
Según datos de CEPAL hasta un 40% de las mujeres de la región es víctima de violencia física y en algunos países cerca del 60% sufre violencia emocional. Los datos más recientes de los países que cuentan con encuestas que incorporan alguna pregunta sobre el tema de violencia, como es el caso de Colombia, el Estado Plurinacional de Bolivia, el Perú y la República Dominicana, muestran que la violencia sexual afecta a entre el 5,5% de las mujeres de la República Dominicana y el 11,5% de las mujeres de Colombia, mientras que la violencia física afecta desde un 16,1% de las mujeres de la República Dominicana hasta el 42,3% en el Perú. En todos los países, el número de mujeres víctimas de violencia emocional es mucho más alto. Por lo menos un cuarto de las mujeres de 15 a 49 años han sido víctimas de algún tipo de control por parte del esposo o compañero, situación que supera el 65% en países como Colombia y el Perú (CEPAL, 2010).
Costos humanos y políticos. Los costos humanos y políticos derivados de la violencia, incluyen, entre otros (PNUD/OEA, 2010):
• El deterioro de la salud y, en particular, el costo económico ocasionado por la interrupción de vidas productivas.
• Erogaciones por concepto de compra de servicios de seguridad por las personas y empresas de la región. En el caso centroamericano, tales desembolsos (1.5% del PIB) superan el monto del gasto realizado por las instituciones estatales encargadas de las funciones de seguridad pública y justicia (1.3%).
• Una investigación realizada en Costa Rica encontró que la inversión pública necesaria para hacer cumplir la condena promedio de un preso por homicidio doloso o violación es superior a la requerida para educar a una persona desde el nivel preescolar hasta su graduación universitaria como médico o abogado. Educar a los jóvenes latinoamericanos es una opción no sólo moralmente superior a la de reprimirlos, sino también más económica.
• Los aspectos intangibles como el deterioro en la calidad de vida derivada del temor.
