a. Pobreza
De  acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, correspondientes a 2008, la  pobreza extrema en América Latina abarcaba a un 12,9% de la población,  cifra que equivale a alrededor de 71 millones de personas. Este grupo  forma parte de un conjunto más amplio de población pobre, cuyos ingresos  son insuficientes para adquirir una canasta básica que incluye tanto  productos alimenticios como no alimenticios, y que representa al 33% de  la población de la región, es decir, 180 millones de personas (CEPAL,  2010).
La  magnitud de la pobreza extrema, al igual que la pobreza total, presenta  diferencias muy pronunciadas entre los países latinoamericanos. Las  menores tasas se registran en Chile, Costa Rica y Uruguay, donde son  inferiores al 6%. Niveles medio-bajos de pobreza extrema, de hasta un  15%, se presentan en Argentina, Brasil, Ecuador, México, Panamá, Perú y  la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, el grupo de países  con niveles de pobreza extrema media-alta incluye a Colombia, El  Salvador, Guatemala y la República Dominicana, con tasas de pobreza  extrema de entre un 19% y un 29%. Los países con las tasas más altas,  que superan el 30%, son el Estado Plurinacional de Bolivia, Honduras,  Nicaragua y Paraguay (CEPAL, 2010).
Es  escasa la información sobre la magnitud y la evolución de la pobreza en  el Caribe. El tipo de economías dominantes en el Caribe (pequeñas,  abiertas y, por ende, muy sujetas a las crisis y los choques externos),  con alta dependencia respecto de los países desarrollados en lo que a  comercio, turismo y remesas se refiere, contribuye a la gran  vulnerabilidad de los países de esa subregión. A su vez, la constante  exposición a desastres naturales que sufre el Caribe constituye un  importante factor que constantemente pone en riesgo los logros en  materia de reducción de la pobreza, ya que la población con menos  recursos es la más afectada por esos desastres (CEPAL, 2010).
Los  grupos más afectados por la pobreza son: niños, niñas y adolescentes,  mujeres, personas que viven en el área rural, personas indígenas y  afrodescendientes, entre otros.
Niños, niñas y adolescentes. CEPAL,  con base en la información recopilada, afirma que uno de los rasgos más  determinantes de la pobreza es la condición de ser niño, niña y  adolescente. En promedio, la incidencia de la pobreza extrema entre las  personas menores de 15 años en la región es alrededor del doble de la  que se registra entre los mayores de edad. Aun cuando todos los países  comparten esta característica, existen importantes diferencias en cuanto  a su extensión, ya que mientras en Uruguay el cociente de tasas de  pobreza supera el valor de 4, en Honduras y Nicaragua no excede de 1,4,  la diferencia en la incidencia de la pobreza entre dos subgrupos tiende a  disminuir a medida que aumenta la extensión de la pobreza en un país.  Esto se debe a que cuanto mayor es la tasa de pobreza, menos margen  existe para que el perfil de los hogares pobres difiera notablemente del  perfil de los hogares que no son pobres. Por tanto, no es de extrañar  que los países con menor grado de infantilización de la pobreza sean  justamente los que presentan mayores tasas de pobreza. 
No  obstante, este no es el único factor, ya que países con tasas de  pobreza similares pueden presentar distintos grados de infantilización  de la pobreza. De hecho, aun cuando Chile y Uruguay tienen tasas de  pobreza extrema similares, en el primer país la extensión de la pobreza  infantil supera en 2,1 veces a la de adultos y en el segundo la supera  en 4,2 veces (CEPAL, 2010). Entre 1990 y 2008 la pobreza infantil se  redujo en grado menor que la del resto de la población. Uno de cada  cinco niños de América Latina es extremadamente pobre (más de 32  millones de niños) y casi la mitad son pobres, ya sea por vivir  privaciones moderadas o severas. La pobreza afecta a 80,9 millones de  niños en la región (CEPAL, 2010).
Mujeres. La  pobreza afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. La  mayoría de los países de la región presenta un índice de feminidad de la  pobreza superior a 1,0. Los valores más altos de este índice se  presentan en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, la República  Bolivariana de Venezuela, la República Dominicana y Uruguay, donde la  tasa de pobreza entre las mujeres equivale a 1,3 veces o más la de los  hombres. Asimismo, varios países han sufrido un agravamiento de las  brechas entre hombres y mujeres, destacándose Panamá, que actualmente  presenta el mayor índice de feminidad de la pobreza extrema de la región  (CEPAL, 2010).

Personas que residen en el área rural. La  pobreza afecta en mayor medida e intensidad a la población que reside  en las áreas rurales. La tasa de indigencia rural excede en promedio en  2,8 veces a la urbana y la brecha entre ambas áreas varía notablemente  de un país a otro. En un extremo se sitúan Uruguay, único país en que la  pobreza extrema es menor en las áreas rurales que en la urbanas, y  Chile que se caracteriza por incidencias similares en ambas áreas. En el  otro extremo, las áreas rurales de Panamá y Perú tienen tasas de  indigencia que superan en más de 6 veces a las de las áreas urbanas.
Origen étnico.  La pertenencia de la población a pueblos indígenas es una condición  altamente correlacionada con la posibilidad de ser pobre. En los siete  países con información disponible, la tasa de pobreza de los grupos  indígenas o afrodescendientes puede exceder entre 1,2 y 6,8 veces a la  del resto de la población (CEPAL, 2010).
Sin  embargo, más allá de los indicadores estadísticos, que ya por sí mismos  presentan un panorama preocupante, es importante recalcar -como lo hace  el informe "Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza"  del IIDH (2007)- que la condición de pobreza en que viven millones de  personas es causa y efecto de las violaciones de los derechos humanos.  "La pobreza es origen de violación, en cuanto es una condición, derivada  de un proceso social, político y económico acumulativo, de carencias y  desigualdades, que excluye a las personas extremadamente pobres del  ejercicio real y efectivo del conjunto de los derechos humanos y las  libertades fundamentales. (...) Pero simultáneamente, la pobreza es  expresión, efecto y resultado de estructuras que han vulnerado de manera  crónica esos derechos, en la medida que los sistemas políticos y  socieconómicos han concentrado los beneficios del crecimiento y las  políticas públicas y los recursos públicos han tendido a asignarse en  mayor proporción a los más favorecidos..." (IIDH, 2007). b. Desempleo                                       
Según  datos de OIT, en la región, la tasa de desocupación abierta urbana pasó  del 7,3 por ciento en 2008 al 8,1 por ciento en 2009, lo que equivale a  cerca de 18,1 millones de personas trabajadoras en el área urbana sin  empleo, 2,2 millones más en 2009 respecto de 2008. Esta tendencia se  reprodujo con diferencias entre los países. En el Cono Sur, el mayor  aumento del desempleo se registró en Chile (1,9 puntos porcentuales) y  la única disminución se produjo en Uruguay (0,2 puntos porcentuales). En  la subregión andina, los mayores aumentos se registraron en el Estado  Plurinacional de Bolivia, Colombia y Ecuador, mientras que en Perú se  mantuvo el desempleo. En lo que respecta a Centroamérica, resalta el  incremento de este indicador en Costa Rica y Panamá (2,8 y 1,4 puntos  porcentuales, respectivamente), mientras que en el Caribe creció en  Bahamas, al pasar del 8,7 por ciento al 14,2 por ciento (el mayor  desempleo en la región), superando el aumento de la tasa de desempleo de  México, que pasó de 4,9 por ciento en 2008 a 6,6 por ciento en 2009. (OIT, 2010).
Personas jóvenes que no estudian ni trabajan
Según un estudio de la OIT (2008),  el porcentaje de jóvenes que no estudiaba ni se encontraba en el  mercado de trabajo alcanzaba el 20%  para la región. Por lo general, los  jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones y ocupacionales precarias,  "solamente el 35,1 por ciento de los ocupados (15 de 43,2 millones)  tienen seguro de salud y el 32,0 por ciento estaría afiliado a algún  sistema de pensiones. De los asalariados (24,2 millones), solamente el  14 por ciento (3,4 millones) tiene un contrato de trabajo estable. Es  decir, que un empleo estable es un privilegio para menos del 10 por  ciento de los jóvenes que trabajan" (OIT, 2008). Por otra parte, el  ingreso medio de un joven se sitúa en la región, en promedio, alrededor  del 49,9% del ingreso medio de un adulto, según información de ese mismo  organismo sobre 18 países
Al  analizar por quintiles de ingreso (familiar per cápita) a los jóvenes  que no estudian ni trabajan se observa una estrecha asociación de este  fenómeno con la pobreza. El quintil de menores ingresos tiene una  proporción del 30,1 por ciento de jóvenes que no estudia ni trabaja,  mientras que en el quintil de ingresos más altos la proporción es de  sólo 11,2 por ciento. 
Mujeres: Precariedad laboral y pobreza
La  situación de precariedad y pobreza juvenil tiene una fuerte  característica en términos de género. El fenómeno está asociado a una  maternidad temprana que se concentra en los hogares de menores ingresos,  en los cuales las mujeres suelen dedicar más tiempo a las  responsabilidades familiares y tareas domésticas. 
Según otro estudio de la OIT y el PNUD (2009),  "actualmente en América latina y el Caribe, más de 100 millones de  mujeres participan en el mercado laboral (…). Si consideramos sólo a las  que tienen entre 20 y 40 años, quienes están en etapa de crianza, la  cifra aumenta a siete de cada diez (70 por ciento)" (OIT/PNUD, 2009).   Respecto a la brecha en materia de ocupación y desempleo, los datos  disponibles muestran que la tasa de ocupación urbana para las mujeres  mejoró entre 2006 y 2009, al aumentar del 42,5 por ciento al 44,1 por  ciento. Sin embargo, el desempleo femenino continúa siendo muy alto,  situándose el promedio regional en dos dígitos para todo el período.  El  número de trabajadoras domésticas en el mundo se eleva a más de 100  millones, de las cuales cerca de 16 millones son mujeres  latinoamericanas. Sus condiciones de trabajo están entre las más  precarias y sufren serios déficit de trabajo decente. El trabajo  doméstico remunerado expresa además las jerarquías basadas en la  condición socioeconómica, la raza y la etnia que caracterizan a esta  región. La OIT estima que en América latina el trabajo doméstico  representa el 15,8 por ciento del empleo femenino (OIT, 2010).
Una  de las principales causas de las inequidades de género en el mercado  laboral está en la persistencia de una división sexual del trabajo que  otorga a las mujeres una mayor responsabilidad del trabajo reproductivo  no remunerado e incide en la distribución de los tiempos de trabajo de  hombres y mujeres en las esferas productiva y reproductiva. Como  resultado de esto, las mujeres enfrentan desventajas en comparación con  los hombres respecto al acceso al empleo y al interior del propio  mercado laboral.
Población indígena y afrodescendiente
Un estudio realizado por la OIT  en 2007 muestra, respecto de ocho países, que la tasa de participación  (actividad) de la población indígena y afrodescendiente, aunque aparece  elevada en los países en que estos sectores tienen alta presencia, se  concentra en ocupaciones más vulnerables y precarias, en especial en  zonas rurales. Esta tasa de participación no supone un acceso de calidad  al mercado de trabajo, sino que, dada su imperiosa necesidad de  trabajar y buscar empleo, estos grupos étnicos aceptan las oportunidades  que encuentran en los sectores laborales de menores ingresos. Por esta  razón, en la mayoría de los países estudiados la tasa de desempleo es  menor en los grupos indígenas o afrodescendientes que en la población  blanca.