Entre individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la Paz" - Lcdo. Benito Pablo Juárez García
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SERIE VIOLENCIAS EN: PRECARIEDAD LABORAL EN EL SEXO FEMENINO - Por los Castor Pólux de la PN


UN ASUNTO DE SEGURIDAD ECONOMICA: División sexual del trabajo


La desregulación y liberalización del trabajo, la entrada de las ETTs, la debilidad y el seguidismo de los sindicatos mayoritarios y la retórica de la necesidad de creación de empleo a cualquier precio, han modificado las condiciones de nuestro mercado de trabajo. El celebrado crecimiento actual del empleo en nuestro país no es sino el crecimiento de un tipo de empleo precario: contratos temporales, mal pagados, sin garantía de derechos laborales básicos. Según la Encuesta de Población Activa, el 88% de los nuevos contratos creados en el Estado en el 2006-2008, fueron contratos temporales. No es de extrañar que el porcentaje total de contratos temporales sobre la población trabajadora se sitúe ya en el 33%, muy por encima de la media. Pero, ¿afecta la precariedad laboral del mismo modo a los hombres que a las mujeres? Es fácil suponer que no.

Y es que la precariedad laboral tiene nombre de mujer. Históricamente el patriarcado ha relegado a las mujeres a la esfera de lo privado, de los cuidados, los hombres eran quienes debían ganar el pan. Los mismos sindicatos obreros apoyaron esta división sexual del trabajo durante años, defendiendo un salario familiar que debía ser lo suficientemente generoso como para que el trabajador cabeza de familia pudiera mantener a sus “dependientes” (mujer e hijos). Sólo a partir de los años sesenta, se cuestiona esta división
sexual del trabajo, en parte gracias a la lucha de los movimientos feministas. Pero es difícil acabar con una inercia histórica de opresión dentro y fuera del mercado de trabajo. El mundo de trabajo asalariado sigue pensándose como un mundo esencialmente de hombres, sin obligaciones domésticas o de cuidados.

De ahí la resistencia de los empresarios a contratar a mujeres; de ahí que éstas tengan una mayor tasa de paro —11%, frente al 6% de paro masculino— y de temporalidad —el 62% de los nuevos contratos temporales han ido para ellas—; de ahí también que sigan ganando un 36% menos que los hombres y que sufran mayor riesgo de ser despedidas por contingencias vitales (embarazos, necesidad de cuidados a familiares). Es evidente, pues, que sigue teniendo sentido luchar contra la opresión de género, en el mercado de trabajo precarizado y fuera de él. 

Las remuneraciones no son equitativas entre los dos sexos, aunque realicen la misma actividad. 

Además, las mujeres cobran un 30 por ciento menos de salario, sin tener en cuenta los niveles de productividad, y existe una clara precariedad laboral, ya que hay un 28 por ciento de mujeres que trabajan a tiempo parcial, frente a un 4 por ciento de hombres', ha matizado Alicia García.

También la directora general de la Mujer ha advertido que 'los procesos de selección de las empresas son discriminatorios e incomprensibles en algunos casos, ya que está demostrado que el porcentaje de mujeres ocupadas con estudios superiores es de un 37 por ciento, frente al 28 por ciento de hombres, pero muy pocas ocupan puestos directivos. 

1.      Del total de contratos en precario el 60% recaen en mujeres, cifra que se dispara al 86,2% en el sector servicios.
2.      El salario de las mujeres es un 32% inferior al de los hombres.
3.      3.312 mujeres están desempleadas. El índice de desempleo masculino es del 14,7% frente al 17,1% de las mujeres. En febrero las mujeres desempleadas crecieron un 3,7% por un 2,6% de los varones. Las mujeres desempleadas son un 47,5% más que en febrero de 2007 –fecha de “inicio” de la actual crisis económica-. El paro ha subido un 15% para las mujeres en los dos primeros meses de 2010.
4.      De las 2.827 familias que perciben las Ayudas de Emergencia (de gestión municipal), el 76% de sus titulares son mujeres.
5.     2.500 viudas viven por debajo del umbral de la pobreza.
6.      El 77% de las personas que trabajan en la economía sumergida son mujeres (sin derechos laborales, ni cotizaciones, ni retribuciones sociales…).


Por: Los CASTOR POLUX de la PN

 

BIBLIOGRAFIA.
www.eleconomista.es/mujer-profesional

Transcripciones del IIDH - 1. Seguridad económica

a. Pobreza
De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, correspondientes a 2008, la pobreza extrema en América Latina abarcaba a un 12,9% de la población, cifra que equivale a alrededor de 71 millones de personas. Este grupo forma parte de un conjunto más amplio de población pobre, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica que incluye tanto productos alimenticios como no alimenticios, y que representa al 33% de la población de la región, es decir, 180 millones de personas (CEPAL, 2010).
La magnitud de la pobreza extrema, al igual que la pobreza total, presenta diferencias muy pronunciadas entre los países latinoamericanos. Las menores tasas se registran en Chile, Costa Rica y Uruguay, donde son inferiores al 6%. Niveles medio-bajos de pobreza extrema, de hasta un 15%, se presentan en Argentina, Brasil, Ecuador, México, Panamá, Perú y la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, el grupo de países con niveles de pobreza extrema media-alta incluye a Colombia, El Salvador, Guatemala y la República Dominicana, con tasas de pobreza extrema de entre un 19% y un 29%. Los países con las tasas más altas, que superan el 30%, son el Estado Plurinacional de Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay (CEPAL, 2010).
Es escasa la información sobre la magnitud y la evolución de la pobreza en el Caribe. El tipo de economías dominantes en el Caribe (pequeñas, abiertas y, por ende, muy sujetas a las crisis y los choques externos), con alta dependencia respecto de los países desarrollados en lo que a comercio, turismo y remesas se refiere, contribuye a la gran vulnerabilidad de los países de esa subregión. A su vez, la constante exposición a desastres naturales que sufre el Caribe constituye un importante factor que constantemente pone en riesgo los logros en materia de reducción de la pobreza, ya que la población con menos recursos es la más afectada por esos desastres (CEPAL, 2010).
Los grupos más afectados por la pobreza son: niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas que viven en el área rural, personas indígenas y afrodescendientes, entre otros.
Niños, niñas y adolescentes. CEPAL, con base en la información recopilada, afirma que uno de los rasgos más determinantes de la pobreza es la condición de ser niño, niña y adolescente. En promedio, la incidencia de la pobreza extrema entre las personas menores de 15 años en la región es alrededor del doble de la que se registra entre los mayores de edad. Aun cuando todos los países comparten esta característica, existen importantes diferencias en cuanto a su extensión, ya que mientras en Uruguay el cociente de tasas de pobreza supera el valor de 4, en Honduras y Nicaragua no excede de 1,4, la diferencia en la incidencia de la pobreza entre dos subgrupos tiende a disminuir a medida que aumenta la extensión de la pobreza en un país. Esto se debe a que cuanto mayor es la tasa de pobreza, menos margen existe para que el perfil de los hogares pobres difiera notablemente del perfil de los hogares que no son pobres. Por tanto, no es de extrañar que los países con menor grado de infantilización de la pobreza sean justamente los que presentan mayores tasas de pobreza.
No obstante, este no es el único factor, ya que países con tasas de pobreza similares pueden presentar distintos grados de infantilización de la pobreza. De hecho, aun cuando Chile y Uruguay tienen tasas de pobreza extrema similares, en el primer país la extensión de la pobreza infantil supera en 2,1 veces a la de adultos y en el segundo la supera en 4,2 veces (CEPAL, 2010). Entre 1990 y 2008 la pobreza infantil se redujo en grado menor que la del resto de la población. Uno de cada cinco niños de América Latina es extremadamente pobre (más de 32 millones de niños) y casi la mitad son pobres, ya sea por vivir privaciones moderadas o severas. La pobreza afecta a 80,9 millones de niños en la región (CEPAL, 2010).
Mujeres. La pobreza afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. La mayoría de los países de la región presenta un índice de feminidad de la pobreza superior a 1,0. Los valores más altos de este índice se presentan en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, la República Dominicana y Uruguay, donde la tasa de pobreza entre las mujeres equivale a 1,3 veces o más la de los hombres. Asimismo, varios países han sufrido un agravamiento de las brechas entre hombres y mujeres, destacándose Panamá, que actualmente presenta el mayor índice de feminidad de la pobreza extrema de la región (CEPAL, 2010).

Personas que residen en el área rural. La pobreza afecta en mayor medida e intensidad a la población que reside en las áreas rurales. La tasa de indigencia rural excede en promedio en 2,8 veces a la urbana y la brecha entre ambas áreas varía notablemente de un país a otro. En un extremo se sitúan Uruguay, único país en que la pobreza extrema es menor en las áreas rurales que en la urbanas, y Chile que se caracteriza por incidencias similares en ambas áreas. En el otro extremo, las áreas rurales de Panamá y Perú tienen tasas de indigencia que superan en más de 6 veces a las de las áreas urbanas.
Origen étnico. La pertenencia de la población a pueblos indígenas es una condición altamente correlacionada con la posibilidad de ser pobre. En los siete países con información disponible, la tasa de pobreza de los grupos indígenas o afrodescendientes puede exceder entre 1,2 y 6,8 veces a la del resto de la población (CEPAL, 2010).
Sin embargo, más allá de los indicadores estadísticos, que ya por sí mismos presentan un panorama preocupante, es importante recalcar -como lo hace el informe "Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza" del IIDH (2007)- que la condición de pobreza en que viven millones de personas es causa y efecto de las violaciones de los derechos humanos. "La pobreza es origen de violación, en cuanto es una condición, derivada de un proceso social, político y económico acumulativo, de carencias y desigualdades, que excluye a las personas extremadamente pobres del ejercicio real y efectivo del conjunto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. (...) Pero simultáneamente, la pobreza es expresión, efecto y resultado de estructuras que han vulnerado de manera crónica esos derechos, en la medida que los sistemas políticos y socieconómicos han concentrado los beneficios del crecimiento y las políticas públicas y los recursos públicos han tendido a asignarse en mayor proporción a los más favorecidos..." (IIDH, 2007).
b. Desempleo                                      
Según datos de OIT, en la región, la tasa de desocupación abierta urbana pasó del 7,3 por ciento en 2008 al 8,1 por ciento en 2009, lo que equivale a cerca de 18,1 millones de personas trabajadoras en el área urbana sin empleo, 2,2 millones más en 2009 respecto de 2008. Esta tendencia se reprodujo con diferencias entre los países. En el Cono Sur, el mayor aumento del desempleo se registró en Chile (1,9 puntos porcentuales) y la única disminución se produjo en Uruguay (0,2 puntos porcentuales). En la subregión andina, los mayores aumentos se registraron en el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia y Ecuador, mientras que en Perú se mantuvo el desempleo. En lo que respecta a Centroamérica, resalta el incremento de este indicador en Costa Rica y Panamá (2,8 y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente), mientras que en el Caribe creció en Bahamas, al pasar del 8,7 por ciento al 14,2 por ciento (el mayor desempleo en la región), superando el aumento de la tasa de desempleo de México, que pasó de 4,9 por ciento en 2008 a 6,6 por ciento en 2009. (OIT, 2010).
Personas jóvenes que no estudian ni trabajan
Según un estudio de la OIT (2008), el porcentaje de jóvenes que no estudiaba ni se encontraba en el mercado de trabajo alcanzaba el 20%  para la región. Por lo general, los jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones y ocupacionales precarias, "solamente el 35,1 por ciento de los ocupados (15 de 43,2 millones) tienen seguro de salud y el 32,0 por ciento estaría afiliado a algún sistema de pensiones. De los asalariados (24,2 millones), solamente el 14 por ciento (3,4 millones) tiene un contrato de trabajo estable. Es decir, que un empleo estable es un privilegio para menos del 10 por ciento de los jóvenes que trabajan" (OIT, 2008). Por otra parte, el ingreso medio de un joven se sitúa en la región, en promedio, alrededor del 49,9% del ingreso medio de un adulto, según información de ese mismo organismo sobre 18 países
Al analizar por quintiles de ingreso (familiar per cápita) a los jóvenes que no estudian ni trabajan se observa una estrecha asociación de este fenómeno con la pobreza. El quintil de menores ingresos tiene una proporción del 30,1 por ciento de jóvenes que no estudia ni trabaja, mientras que en el quintil de ingresos más altos la proporción es de sólo 11,2 por ciento.
Mujeres: Precariedad laboral y pobreza
La situación de precariedad y pobreza juvenil tiene una fuerte característica en términos de género. El fenómeno está asociado a una maternidad temprana que se concentra en los hogares de menores ingresos, en los cuales las mujeres suelen dedicar más tiempo a las responsabilidades familiares y tareas domésticas.
Según otro estudio de la OIT y el PNUD (2009), "actualmente en América latina y el Caribe, más de 100 millones de mujeres participan en el mercado laboral (…). Si consideramos sólo a las que tienen entre 20 y 40 años, quienes están en etapa de crianza, la cifra aumenta a siete de cada diez (70 por ciento)" (OIT/PNUD, 2009).  Respecto a la brecha en materia de ocupación y desempleo, los datos disponibles muestran que la tasa de ocupación urbana para las mujeres mejoró entre 2006 y 2009, al aumentar del 42,5 por ciento al 44,1 por ciento. Sin embargo, el desempleo femenino continúa siendo muy alto, situándose el promedio regional en dos dígitos para todo el período.
El número de trabajadoras domésticas en el mundo se eleva a más de 100 millones, de las cuales cerca de 16 millones son mujeres latinoamericanas. Sus condiciones de trabajo están entre las más precarias y sufren serios déficit de trabajo decente. El trabajo doméstico remunerado expresa además las jerarquías basadas en la condición socioeconómica, la raza y la etnia que caracterizan a esta región. La OIT estima que en América latina el trabajo doméstico representa el 15,8 por ciento del empleo femenino (OIT, 2010).
Una de las principales causas de las inequidades de género en el mercado laboral está en la persistencia de una división sexual del trabajo que otorga a las mujeres una mayor responsabilidad del trabajo reproductivo no remunerado e incide en la distribución de los tiempos de trabajo de hombres y mujeres en las esferas productiva y reproductiva. Como resultado de esto, las mujeres enfrentan desventajas en comparación con los hombres respecto al acceso al empleo y al interior del propio mercado laboral.
Población indígena y afrodescendiente
Un estudio realizado por la OIT en 2007 muestra, respecto de ocho países, que la tasa de participación (actividad) de la población indígena y afrodescendiente, aunque aparece elevada en los países en que estos sectores tienen alta presencia, se concentra en ocupaciones más vulnerables y precarias, en especial en zonas rurales. Esta tasa de participación no supone un acceso de calidad al mercado de trabajo, sino que, dada su imperiosa necesidad de trabajar y buscar empleo, estos grupos étnicos aceptan las oportunidades que encuentran en los sectores laborales de menores ingresos. Por esta razón, en la mayoría de los países estudiados la tasa de desempleo es menor en los grupos indígenas o afrodescendientes que en la población blanca.