La diversidad cultural. Los pueblos indígenas y los afrodescendientes, cuyas poblaciones se estiman alrededor de 58 millones y 174 millones, respectivamente, se encuentran entre los grupos étnicos más desfavorecidos de la región. Tienen bajos niveles educativos, limitado acceso a la protección social, empleos precarios y una mayor probabilidad que sus ingresos estén bajo la línea de la pobreza. La situación es más crítica en el caso de las mujeres pertenecientes a estos grupos, pues enfrentan mayores obstáculos para salir de la pobreza y proporcionar bienestar a sus familias (OIT, 2007).
Las poblaciones indígenas y afrodescendientes a veces deben desplazarse entre países o regiones en búsqueda de fuentes de empleo o como parte de su cultura, con frecuencia carecen de documentos migratorios y/o de identidad, con la consecuente negación de sus derechos más elementales de acceso a los diversos servicios de salud, educación, empleo, etc. En otros casos, estos pueblos están ubicados en territorios donde la ausencia de Estado da pie a expresiones singulares de criminalidad, como se observa en las regiones autónomas de Nicaragua, algunas de las cuales son rutas de tránsito, abastecimiento y descanso para el narcotráfico del Sur al Norte y el tráfico de armas del Norte al Sur (PNUD, 2009).
Migración y desplazamiento. Se estima una cifra cercana a los 25 millones de migrantes latinoamericanos y caribeños en el 2005, una proporción superior al 13% del total de los migrantes internacionales. El porcentaje de la población regional que representan los inmigrantes es muy pequeño (1%), si bien hay países en los que supera el 10%, como ocurre en el Caribe. Cerca del 4% de la población regional es emigrante; muchos países latinoamericanos tienen más de medio millón de nacionales en el exterior y varias naciones caribeñas tienen más de un 20% de su población en el exterior (CEPAL, 2006).
También se da la migración interregional, siendo los principales países de destino Argentina, Costa Rica y la República Bolivariana de Venezuela. Algunos países combinan su condición de receptores con la de emisores, de tránsito y de retorno. A comienzos del decenio pasado, los migrantes intrarregionales sumaban cerca de 3 millones de personas, que se desplazaban fundamentalmente entre países fronterizos o cercanos (CEPAL, 2006).
La migración internacional en la región se distingue notoriamente por el creciente número de mujeres que emigran y la mayoría porcentual que representan en muchos casos. Hay varias corrientes constituidas en gran parte por personas dedicadas al servicio doméstico como forma de inserción laboral.
Las personas migrantes se enfrentan a una serie de amenazas. La vulneración de los derechos humanos, ya sea a lo largo de su travesía, en el proceso de inserción en la sociedad de destino o durante la repatriación, suele asumir características alarmantes, especialmente cuando afecta a mujeres y niños y niñas y, en general, personas indocumentadas y víctimas de la trata de personas.
Las localidades de origen se enfrentan a la fuga de cerebros o a la pérdida de su población más joven y en edad productiva. Generalmente las abuelas, abuelos y otros integrantes de la familia extendida se hacen cargo de los niños y niñas que son dejados por sus padres que emigran en busca de fuentes de empleo y mejores condiciones de vida.
Las personas migrantes que se establecen en una localidad determinada, también se enfrentan a una serie de amenazas. Muchas veces no cuentan con documentos migratorios, lo cual les impide el acceso a servicios básicos y son susceptibles de engrosar las filas de mano de obra barata. También deben enfrentarse a situaciones de discriminación, xenofobia y desarraigo.
Otra situación es la del desplazamiento interno forzoso. Muchas personas en América Latina se ven forzadas a cambiar su lugar de residencia ya sea por razones económicas, de seguridad o por desastres naturales. Por ejemplo, en Colombia cerca del 10% de su población ha sido obligada al desarraigo en cerca del 90% de los municipios del país durante los últimos 20 años (OIM, 2010). El desplazamiento forzado está ligado a la confrontación armada por la que atraviesa el Estado colombiano y a la guerra contra las drogas que libra ese país.
